Se trata de poner en valor las capacidades y experiencia de personas que, con un mínimo de tres años de experiencia, han venido desarrollando una profesión, a pesar de no haber contado con una titulación adquirida a través de procesos académicos.

Las consejeras de Empleo, Igualdad y Juventud, Paula Fernández, y de Educación, Ciencia y Cultura, María Ángeles García, explicaron ayer las líneas principales de este mecanismo que «mejorará la competitividad de nuestras empresas y facilitará la empleabilidad, la movilidad, el aprendizaje a lo largo de la vida y la cohesión social de los ciudadanos de Castilla-La Mancha», según Fernández.

La titular de Empleo, Igualdad y Juventud recordó la importancia que la cualificación profesional adquirirá en breve cuando, en «sólo diez años, el 85% de los nuevos empleos que se generen, estén reservados para el personal cualificado», según se recoge en la estrategia 2020 de la Unión Europea. Motivo, aseguró, por el que «el presidente Barreda ha asumido el reto de la formación y la cualificación como un objetivo prioritario» y que «en Castilla-La Mancha hay profesionales con mayúsculas que parten en situación de desventaja por no tener una titulación oficial, a pesar de la gran experiencia que acumulan».

María Ángeles García subrayó que se trata de dar respaldo a personas que «aunque no puedan haberse reciclado y aprendido técnicas nuevas, la falta de una titulación que acredite su competencia, puede impedir, en muchos casos, mejorar sus expectativas laborales, mantener su puesto de trabajo, acceder a puestos de promoción interna, proseguir su formación académica o, en definitiva, demostrar su cualificación profesional».

La orden llegará el 4 de enero cuando, en una primera fase, se inicie el proceso de acreditación de 750 profesionales en atención sociosanitaria a través de la Ayuda a Domicilio y pisos tutelados, atención sociosanitaria a personas dependientes y Educación Infantil de 0 a 3 años.